Choferes del transporte público del área metropolitana convocaron a una huelga de dos días, programada para el próximo miércoles y jueves, en rechazo a la reforma del sector que, según denuncian, los margina y pone en riesgo sus derechos laborales.
El anuncio fue realizado por Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte Público (FETRAT), quien criticó la exclusión de los trabajadores del debate sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno.
La medida afectará a 40 líneas del transporte urbano, dejando a miles de usuarios sin servicio y evidenciando las tensiones en un sistema que busca modernizarse, pero que los trabajadores consideran obsoleto e injusto.
Giménez aseguró, en declaraciones a la Megacadena, que los choferes han sido “discriminados” desde el inicio del proceso. “No se construye una reforma eficiente excluyendo a los verdaderos actores”, sostuvo, refiriéndose a la promesa incumplida del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de instalar una mesa de diálogo.
La huelga involucra a unos 3.000 trabajadores de 31 empresas, quienes temen la desaparición de líneas y la pérdida de antigüedad laboral ante la posible reducción a ocho consorcios operativos. El núcleo del conflicto se centra en artículos del proyecto que, según los trabajadores, no garantizan la absorción de empleados ni protegen sus beneficios.
Giménez ilustró el impacto personal de la reforma: con 54 años y 30 de servicio en la Línea 21, cuya concesión vencerá pronto, alertó que podría quedar sin trabajo ni jubilación si una nueva empresa gana la licitación. “Quedaremos en la calle, sin jubilación ni empleo”, advirtió, y agregó que esta incertidumbre afectaría a familias enteras y agravaría el caos en el transporte público.
Con la huelga buscan frenar temporalmente el proyecto y abrir espacios de negociación. Mientras el Gobierno defiende la modernización como clave para un servicio más eficiente, los trabajadores exigen ser parte del cambio.
FETRAT no descarta extender las protestas si no se alcanzan avances, lo que podría paralizar la capital y poner de relieve la urgencia de un diálogo inclusivo en las reformas del transporte.
