La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas detectó inconsistencias en la ejecución de un contrato de recapado asfáltico de la Municipalidad de Lambaré. La investigación concluyó que existieron irregularidades en una adenda contractual y ordenó remitir los antecedentes a la Contraloría, la Junta Municipal y el Departamento de Sumarios.
La administración del intendente Guido González queda nuevamente cuestionada tras los resultados de una investigación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre la licitación para el recapado asfáltico de varias calles de Lambaré.
Mediante la Resolución DNCP N.º 1494/26, del 9 de junio de 2026, la institución declaró que el procedimiento de contratación se encontraba viciado de irregularidades relacionadas con la Adenda N.º 1 y con la ejecución contractual desarrollada a partir de ese documento.
El informe señala desprolijidades administrativas vinculadas a pagos realizados fuera de los plazos previstos, falta de aplicación de retenciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024 y ausencia de firmas y sellos del funcionario responsable en determinados comprobantes.
Uno de los puntos más graves es que la Adenda N.º 1 del Contrato N.º 18/24 habría sido firmada después de la recepción definitiva de la obra y cuando el contrato ya se encontraba fuera de vigencia. Posteriormente, incluso se habría emitido una orden de inicio que otorgó un plazo de ejecución que no estaba previsto en la propia adenda.
La DNCP también constató que no existían registros continuos en el Libro de Obras que permitieran reconstruir adecuadamente la secuencia material de los trabajos ejecutados. Esta falta de documentación afecta directamente la transparencia y el control de una obra financiada con recursos municipales.
Respecto a la empresa contratista, I.T.C. Ingeniería, de Mario Quiroga Báez, fueron detectadas inconsistencias relacionadas con documentos exigidos para la firma del contrato, el Plan de Seguridad e Higiene, el cronograma de ejecución, pólizas, certificados de obra y formularios adjuntos a las solicitudes de pago.
Ante estos hallazgos, la DNCP ordenó remitir los antecedentes al Departamento de Sumarios para determinar si corresponde abrir un proceso contra la firma contratista. Asimismo, remitió las resultas a la Junta Municipal de Lambaré y los antecedentes a la Contraloría General de la República.
La resolución también recomienda a la Municipalidad realizar el deslinde de responsabilidades en el ámbito administrativo. Sin embargo, el documento no individualiza todavía a los funcionarios responsables ni establece sanciones concretas.
Aunque la investigación fue formalmente concluida, sus resultados dejan una señal política contundente: bajo la administración de Guido González, un contrato de obras viales avanzó entre documentos incompletos, pagos observados, registros insuficientes y una adenda declarada irregular.
La responsabilidad jurídica deberá ser determinada por los organismos competentes, pero la responsabilidad política recae sobre una gestión municipal obligada a garantizar que cada obra, pago y modificación contractual se realice dentro de la ley y bajo controles efectivos. En Lambaré, según la propia DNCP, esos controles fallaron.
