GB Decoraciones S.R.L. fue adjudicada para organizar un encuentro internacional de telecomunicaciones. La empresa ya había obtenido otro contrato de Conatel por G. 500 millones. Fuentes internas mencionan al funcionario Augusto Esteban Giménez Candia y señalan a un contador identificado como Carlos “Pittu” Fuentes como supuesto intermediario. Los señalamientos aún deben ser documentados y esclarecidos.
Una nueva contratación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) genera cuestionamientos internos y pedidos de mayor transparencia.
Se trata de la Licitación Pública Nacional N.º 20/2026, destinada a la “Organización y Gestión de Evento – Reunión 49° del Comité Consultivo Permanente I (CCP.I)”, identificada con el ID N.º 481.701, que fue adjudicada a la firma GB Decoraciones S.R.L. por un monto que ronda los G. 1.500 millones.
La adjudicación fue dispuesta mediante la Resolución Directorio N.º 2089/2026, de fecha 31 de agosto.
La empresa seleccionada no es nueva en contrataciones vinculadas a eventos de Conatel. Según los antecedentes publicados, GB Decoraciones ya había obtenido anteriormente otro contrato por aproximadamente G. 500 millones, también relacionado con la organización de actividades institucionales.
De confirmarse ambos montos, la firma acumularía alrededor de G. 2.000 millones en contrataciones para eventos de Conatel.
Ese antecedente no demuestra por sí solo la existencia de una irregularidad, pero obliga a revisar cómo se desarrollaron ambos procedimientos, cuántas empresas compitieron, cuáles fueron las ofertas presentadas y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar nuevamente a la misma firma.
Dos nombres aparecen en versiones internas
Fuentes vinculadas a Conatel mencionan al funcionario Augusto Esteban Giménez Candia como uno de los nombres cuya eventual participación en el proceso debería ser aclarada.
Los registros públicos confirman que Giménez Candia forma parte del plantel de la institución, aunque esa condición, por sí misma, no demuestra intervención irregular alguna en la licitación.
Las fuentes consultadas también mencionan a un contador identificado como Carlos “Pittu” Fuentes, a quien atribuyen un supuesto papel de intermediación para favorecer la adjudicación a GB Decoraciones.
Se trata, hasta el momento, de un señalamiento proveniente de fuentes internas y no de una conclusión administrativa o judicial.
Precisamente por la gravedad de la versión, corresponde determinar documentalmente si Fuentes tuvo algún tipo de participación en el proceso, si mantenía vínculos comerciales o personales con funcionarios de Conatel o con la empresa adjudicataria y si realizó alguna gestión relacionada con la contratación.
¿Quién elaboró las condiciones?
Una auditoría integral del expediente permitiría responder varias preguntas.
¿Quién elaboró el pliego de bases y condiciones? ¿Cuántas empresas participaron? ¿Qué ofertas económicas fueron presentadas? ¿Quiénes integraron el comité evaluador? ¿Qué factores determinaron que GB Decoraciones volviera a resultar adjudicada?
También deberá aclararse si alguno de los funcionarios mencionados tuvo intervención en la preparación del evento, elaboración de requisitos técnicos, evaluación de las ofertas o posterior administración del contrato.
Lo que consta sobre GB Decoraciones
Según el registro público de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), GB Decoraciones S.R.L., con RUC 80094727-4, figura como una pequeña empresa dedicada al área de servicios.
En los datos oficiales disponibles ante Contrataciones Públicas aparece Graciela Beatriz Barrail de Castillo como representante legal de la firma.
Estos datos permiten identificar formalmente a la empresa adjudicada, pero no permiten concluir que haya existido direccionamiento.
La transparencia debe demostrarse con documentos
Hasta el momento no existen elementos suficientes para afirmar que la licitación haya sido arreglada.
Sí existen, sin embargo, circunstancias que justifican una revisión detallada: una misma empresa beneficiada nuevamente con una contratación para eventos, un contrato que llega a G. 1.500 millones y versiones provenientes del interior de Conatel sobre la eventual intervención de terceros.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la Contraloría y la propia Conatel tienen la posibilidad de despejar las dudas mediante la publicación y revisión completa del expediente.
Si el proceso se realizó bajo criterios estrictamente técnicos y transparentes, la documentación debería permitir comprobarlo.
Y si existió alguna intervención indebida, direccionamiento de las condiciones o conflicto de intereses, también deberá establecerse quiénes participaron y qué responsabilidad corresponde a cada uno.
La pregunta permanece abierta: ¿por qué GB Decoraciones volvió a resultar adjudicada y qué participación, si alguna, tuvieron las personas mencionadas en las versiones internas de Conatel?
