La inseguridad vuelve a generar preocupación en Puerto Pabla, Lambaré. Denuncian cierres de calles y cuestionan la presencia de numerosos policías y efectivos de la Armada Paraguaya, mientras persisten las sospechas sobre presuntas actividades irregulares en la zona ribereña.
La ribera del río Paraguay, en la zona de Puerto Pabla de la ciudad de Lambaré, vuelve a estar en el centro de graves cuestionamientos por denuncias de inseguridad, restricciones de circulación y presuntas actividades irregulares.
Según las denuncias recibidas, algunos accesos y calles de la zona estarían siendo cerrados, mientras la presencia de numerosos efectivos de la Policía Nacional y de la Armada Paraguaya genera interrogantes sobre las tareas de vigilancia y control que realizan.
La pregunta que surge es inevitable: ¿los uniformados están garantizando la seguridad de los ciudadanos o qué actividades están resguardando en el lugar?
La preocupación no es nueva. Puerto Pabla registra antecedentes de denuncias por robos, hechos violentos, microtráfico y otras actividades ilícitas que motivaron intervenciones de las fuerzas de seguridad en años anteriores.
Incluso se implementaron operativos conjuntos entre la Policía Nacional y la Armada Paraguaya para recuperar la tranquilidad de la zona y controlar el ingreso de vehículos. La Nación+1
Calles cerradas y una presencia policial que genera preguntas
Uno de los cuestionamientos más graves apunta al presunto cierre de calles y a la cantidad de uniformados desplegados en las inmediaciones de la ribera.
Si existen restricciones de circulación, corresponde que las autoridades expliquen quién las dispuso, bajo qué fundamento legal y con qué finalidad.
Igualmente, resulta necesario aclarar cuáles son las funciones específicas de los agentes policiales y militares asignados al sector.
¿Quién controla los accesos a Puerto Pabla? ¿Qué actividades se desarrollan en la ribera? ¿Por qué se cuestiona la presencia de tantos uniformados si la inseguridad continúa siendo motivo de denuncias?
Estas preguntas requieren respuestas concretas de la Policía Nacional, la Prefectura Naval y las autoridades municipales.
La presencia de efectivos de seguridad, por sí sola, no demuestra protección de actividades ilegales. Sin embargo, las denuncias sobre posibles irregularidades ameritan una investigación que permita determinar qué ocurre realmente en el lugar.
Puerto Pabla no puede convertirse en un espacio donde los ciudadanos teman circular o donde existan restricciones sin explicaciones públicas.
La seguridad debe estar al servicio de los vecinos, no de intereses particulares.
Hasta el momento, no se cuenta con pruebas verificadas que permitan establecer que efectivos policiales o militares estén protegiendo negocios ilícitos. Corresponde a las instituciones competentes esclarecer las denuncias.
