El expresidente Mario Abdo Benítez, quien decía emocionarse cuando Jair Bolsonaro lo llamaba Marito, asestó duros golpes a los intereses paraguayos en Itaipú, al permitir reducciones consecutivas de la tarifa, dos de ellas inconsultas, en perjuicio de nuestro país. Esto, además del acta bilateral secreta que casi le costó el cargo y del espionaje ordenado por Bolsonaro, también durante la era abdista.
En agosto del 2022, la tarifa de Itaipú de ese año, consensuada por Bolsonaro y Abdo, bajó de 22,60 Kw/h a 20.75 Kw/h, lo que se calificó como una tarifa intermedia, por situarse cerca de las posiciones pretendidas por ambos países. Paraguay quería mantenerla en 22.60 y Brasil disminuirla a 18.90.
Sin embargo, desde enero hasta agosto del 2022, (mes en que se llegó a un consenso de partes) Brasil pagó lo que quiso, es decir, USD 18.90, con el argumento del descenso de la deuda, el componente de mayor peso dentro de la tarifa y con el maquillaje de “provisorio”, mientras se alcanzaba un acuerdo, más el compromiso de cubrir la diferencia, según sea el resultado.
Demostrando que puede hacer su voluntad cuantas veces quiera, sea por sumisión de “su amigo Marito”, o por la inutilidad de su par de hacerse respetar, Bolsonaro repitió la jugada al año siguiente, anticipándose de un plumazo en diciembre del 2022, mediante un decreto que estipulaba una nueva e importante reducción de la tarifa, esta vez, con un 38,9 % de diferencia, quedando en USD 12,67, en una decisión unilateral que encontró la pasividad de Mario Abdo Benítez.
ENTREGUISMO Y SUMISIÓN DAN PARA UN LIBRO
Las reducciones consecutivas de la tarifa de Itaipú ante la pasividad y sumisión del “amigo Marito” son apenas un repaso de las últimas “hazañas” de su administración. Pero la actitud entreguista comenzó mucho antes.
El 24 de mayo del 2019 fue firmada el acta bilateral entre Paraguay y Brasil (sin que el documento se haga público en ese momento) para la contratación de energía entre Itaipú y Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Electrobras). El contenido contemplaba sobrecostos de unos 250 millones de dólares, perjudiciales para el Paraguay, según los antecedentes.
El documento vio la luz meses después y, desde entonces, llevó el nombre de “acta secreta entreguista”. El caso llevó a la posibilidad de un inminente juicio político contra Mario Abdo Benítez, que, de hecho, estuvo a punto de concretarse, hasta que Jair Bolsonaro comunicó la anulación del acta el 1 de agosto del 2019. Lo hizo ante la inminente destitución de su par paraguayo y amigo Marito, al que salvó con esta decisión.
ESPIONAJE ORDENADO POR BOLSONARO
Todo esto quedaría como parte de las críticas a la gestión entreguista de Abdo, si no fuera porque el actual gobierno brasileño admitió que Jair Bolsonaro ordenó el espionaje a las autoridades paraguayas para recabar datos y estrategias sobre Itaipú en el periodo de junio del 2022 a marzo del 2023.
Lula Da Silva se lavó las manos y aseguró que, apenas iniciada su administración, decidió detener ese plan en mayo del 2023, sin embargo, lo “admite” recién después de que la información se hiciera pública.
Para defenderse, los acólitos abdistas hablan de un decreto del 14 de agosto del 2023, un día antes del final de ese gobierno, en el que instruían a la Secretaría de Inteligencia y al MITIC a realizar tareas de “verificación y protección” y proponer medidas de protección.
El documento en cuestión no da detalles del caso al que se refiere, por lo que, desde las gradas no se puede determinar si hacen alusión a potenciales ataques o a un hecho consumado, en cuyo significaría que, de haberlo detectado, simplemente lo comunicaron y no hicieron nada al respecto. De hecho, si se refirieran al espionaje de Bolsonaro, el periodo abarca del 2022 a marzo del 2023, lo que significaría que el ciberataque fue perpetrado y que no hubo reacción del entonces gobierno paraguayo.
Consultado al respecto, el actual ministro del MITIC contestó: ”Desconocemos qué ocurrió en ese momento(era abdista) porque no tenemos ninguna indicación de que se realizó ningún evento en ese momento de parte de las autoridades paraguayas, nosotros entramos en agosto del 2023 y no existió ninguna referencia más que un decreto del 14 de agosto del 2023 que no decía nada de esto, sí hablaba de encargar al MITIC y Secretaría de Inteligencia que hagan su labor”, afirmó.
