Santiago Ortíz, secretario general del sindicato de periodistas, celebró el dictamen favorable de la Comisión de Legislación del Senado, tras una década de esfuerzos. La normativa busca crear un entorno seguro para quienes investigan corrupción, narcotráfico y contrabando, en un país donde los periodistas son frecuentes blancos de amenazas y agresiones. Según Ortíz, el avance legislativo se produce en un momento crítico, con más de 100 casos de violencia registrados en los últimos tres años.
El periodista advirtió que la violencia, antes concentrada en el interior del país, ahora se extiende a zonas urbanas como Asunción. «Lo que estamos sintiendo ahora es que está llegando a zonas mucho más cercanas», afirmó. Desde 1991, se han documentado 21 asesinatos de periodistas, incluyendo dos en Pedro Juan Caballero desde 2022, generando un «efecto en cadena» de impunidad, donde la falta de reacción estatal incentiva nuevos ataques.
Ortíz destacó el rol del periodismo como «contrapoder vigilante». «En nuestro país, uno levanta una baldosa y aparece algún nivel de irregularidad», señaló, refiriéndose a la corrupción vinculada al poder público y al crimen organizado. La ley propuesta contempla medidas como alertas tempranas y apoyo legal, en línea con recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Sin esta protección, el periodismo se convierte en un oficio de alto riesgo, silenciando voces esenciales para la democracia», advirtió Ortíz. Subrayó que un mensaje claro de las autoridades es fundamental para frenar la violencia contra comunicadores.
El dictamen senatorial representa un compromiso estatal necesario, pero su aprobación definitiva será clave para romper el ciclo de agresiones. Organizaciones internacionales respaldan la iniciativa y urgen a implementar medidas concretas para proteger la libertad de expresión en Paraguay.
