Mientras exautoridades como Joaquín Roa fueron condenadas y Miguel Prieto enfrenta procesos penales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, en Lambaré documentos oficiales y denuncias ponen el foco sobre adjudicaciones por más de G. 23.000 millones realizadas durante la administración del exintendente y actual candidato al rekutú, Guido González.
La comparación vuelve inevitable una pregunta: ¿qué está haciendo la Fiscalía ante estos antecedentes?
Los cuestionamientos sobre la gestión de González ya no se limitan al terreno político. La propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) documentó observaciones sobre una contratación de recapado asfáltico ejecutada durante su administración y dispuso la remisión de antecedentes al Departamento de Sumarios.
La Resolución DNCP N.º 1494/26 consignó observaciones vinculadas con una adenda contractual, pagos y documentación relacionada con la ejecución de las obras.
Posteriormente, mediante la Resolución N.º 1791/26, la DNCP rechazó el recurso presentado por ITC Ingeniería, firma de Mario Quiroga Báez, y mantuvo la decisión de continuar con el procedimiento correspondiente.
Los antecedentes también fueron comunicados a la Municipalidad de Lambaré y a la Contraloría General de la República.
Entre las observaciones señaladas aparecen pagos realizados fuera de los plazos establecidos, falta de determinadas retenciones y comprobantes que, según la documentación analizada, no contaban con firmas o sellos de funcionarios responsables.
Más de G. 23.000 millones alrededor de un mismo proveedor
Sin embargo, el cuestionamiento no se limita a una sola contratación.
Documentaciones y antecedentes recopilados sobre la administración de Guido González muestran una concentración de adjudicaciones que, en conjunto, superarían los G. 23.000 millones alrededor de un mismo grupo proveedor.
El volumen de recursos involucrados adquiere todavía mayor relevancia al compararlo con otros casos que terminaron bajo investigación penal.
Joaquín Roa, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, fue condenado en una causa vinculada a contrataciones públicas. Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, también enfrenta procesos judiciales relacionados con supuestas irregularidades en contrataciones municipales.
En Lambaré, mientras tanto, existen resoluciones de la DNCP, observaciones administrativas y cuestionamientos sobre contratos millonarios.
Por eso, la pregunta sigue abierta: ¿estos antecedentes están siendo investigados por el Ministerio Público y, en caso afirmativo, cuál es el estado de esas actuaciones?
Cuando están en juego más de G. 23.000 millones de recursos públicos, la ciudadanía merece respuestas.
