El Ministerio Público allanó la firma “El Distribuidor S.R.L.”, proveedora de kits de alimentos en Ciudad del Este, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades durante la gestión del intendente esteño Miguel Prieto.
El fiscal Silvio Corbeta confirmó a la 970 AM que la intervención se realizó como parte de una causa iniciada tras un reporte de la Contraloría General de la República, relacionado a presuntas irregularidades en la compra de kits alimenticios durante la pandemia. “La investigación fue abierta a fines de 2024, pero las compras datan del 2020. Se trata de una de las empresas que recibió cerca de G. 3.000 millones por licitaciones”, explicó.
El interviniente recordó que la Municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9.000 millones en total para la adquisición de estos kits, repartidos entre tres empresas proveedoras. La primera fue “Tía Chela”, ya con una acusación formal del Ministerio Público. La segunda es la firma recientemente allanada, y una tercera también figura bajo investigación.
Sobre las versiones de que la causa fue reactivada tras el cambio de gobierno, el fiscal fue enfático: “Esa es una información falsa. Esta causa fue asignada a mi unidad ya en junio del 2022, un año antes de las elecciones generales. No tiene relación con el actual Gobierno”.
El operativo busca determinar si hubo o no sobrefacturación en la provisión de los kits, lo que podría constituir un perjuicio patrimonial al municipio. “Estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley. El intendente, como cualquier ciudadano, tiene todas las garantías de que los informes serán objetivos y que se actuará en base a las pruebas”, agregó Corbeta.
El Ministerio Público ya formuló acusaciones en el primer caso y sigue recabando evidencia en los demás.
Según la hipótesis investigativa, la Municipalidad a cargo de Miguel Prieto habría desembolsado la suma de Gs. 2.637.408.000 para la adquisición de productos que no cumplían con las especificaciones acordadas y sin los permisos necesarios para la comercialización de productos de consumo humano.
Además, se sospecha que estos alimentos fueron distribuidos de manera irregular a las familias beneficiarias sin que se haya podido determinar su origen o si cumplían con los requisitos legales.
