El ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, ingresó este jueves a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú tras entregarse ante la orden de captura pendiente en su contra, en el marco de una condena firme de 8 años.
Según el abogado de Cárdenas, David Florentín, la condena corresponde al delito de lesión de confianza en perjuicio de unas 15 instituciones y colegios, por un monto aproximado de G. 850 millones. Florentín indicó que su defendido presentaba problemas de salud, incluyendo hipertensión, los cuales fueron expuestos ante la Justicia antes de que se lo declarara en rebeldía.
El abogado señaló que desconoce cuánto tiempo ha compurgado Cárdenas y aclaró que esta es la única condena firme hasta la fecha. Además, destacó que la última causa en la que fue declarado en rebeldía involucra también a Pastor Soria, ex titular del Senave, y que se trata de delitos como cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, asociación criminal, extorsión y lavado de dinero, con diferentes modalidades de participación como autoría, instigación y complicidad.
Según la investigación, funcionarios de la institución y terceros, entre ellos Cárdenas, habrían cobrado millonarias sumas a importadores de productos frutihortícolas a cambio de la emisión de autorizaciones de Acreditación Fitosanitaria de Importación (Afidi).
Florentín también manifestó que desconoce dónde estaba siguiendo su tratamiento médico el ex intendente ni por qué no se encontraba en su domicilio cuando se lo declaró en rebeldía.
Otras causas judiciales
Cárdenas enfrentó varias causas previas:
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En enero de 2024, fue condenado a cuatro años de prisión por irregularidades que provocaron el derrumbe del techo de una escuela, aunque tras apelar, fue sobreseído en agosto de 2024. Actualmente, un recurso de casación presentado por los fiscales está pendiente de resolución en la Corte Suprema.
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En otra causa, fue absuelto pese a haber sido condenado anteriormente a dos años por no transferir fondos a la Caja de Jubilación de la Comuna.
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En una de las causas por lesión de confianza, la Corte Suprema ratificó una condena de dos años, con suspensión de la ejecución de la pena, por un perjuicio de G. 5.704 millones a la comuna.
