El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió iniciar, de oficio y en forma unánime, enjuiciamiento. sin suspensión, a la jueza de Lambaré Isabel Bracho. Es por presuntas irregularidades al dictar arresto domiciliario a un procesado. La magistrada está investigada, hace dos años, por el fiscal Néstor Coronel, por supuestamente recibir coimas para liberar al supuesto narco Walter Galindo
En su sesión ordinaria, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió en forma unánime enjuiciar de oficio a la jueza penal de garantías de la ciudad de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho Pedrozo. Esto ante presuntas irregularidades detectadas en su actuación, según expuso el ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia, tras una investigación preliminar iniciada en 2023.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ramírez Cándia, señaló que el 26 de setiembre de 2023, el JEM inició una investigación preliminar de oficio a las actuaciones de la jueza Isabel Bracho, en relación con la causa penal N° 415/2023.
En ese expediente se le sindica a la magistrada que por medio del AI N° 1544 del 20 de setiembre de 2023, había concedido medidas alternativas a la prisión preventiva al imputado mediante una fundamentación aparente”, de acuerdo con el relato hecho por Ramírez Cándia ante los miembros del Jurado.
En otro momento mencionó que el procesado en cuestión contaba con varios antecedentes, tanto por tentativa de hurto y robo, entre otros más. En tal sentido, según argumentación del ministro Ramírez, Bracho habría actuado en contrariedad a lo dispuesto en los artículos 125 (Fundamentación), 245 (suspensión de la ejecución de la prisión preventiva) y 247 (Forma y contenido de las decisiones, numeral 3 de los fundamentos) del Código Procesal Penal.
Es así que, “una vez que se haya examinado detenidamente el expediente que motivó la investigación preliminar, se ha considerado que el hecho podría constituir mal desempeño de funciones, según el Artículo 14 incisos b), c) y g), de la Ley N° 6814”, que rige los procedimientos del JEM.
Investigada por Fiscalía, por caso previo a Mercat
Los investigadores del caso Mercat habían interceptado comunicaciones entre Walter Galindo y sus abogados Crispín Gilberto Rojas García y Fernando Bernal, quienes realizaron diligencias en el anterior proceso del cual Galindo salió sobreseído definitivamente, luego de supuestos pagos de sumas de dinero a la fiscala Egidia Gómez y la jueza Isabel Bracho de esa causa, conforme a las sospechas del Ministerio Público.
Durante el tiempo que Galindo estuvo sujeto al proceso judicial en 2021, supuestamente negoció con las “jugadoras” de Villa Elisa – en presunta alusión a la fiscala Egidia Gómez- y de Lambaré -la jueza Isabel Bracho- para lograr su libertad. Ese dinero presuntamente entregado sería el que está registrado en la agenda con las identificaciones de “Dra.” y “Dr.”.
En el marco de sus diligencias, la fiscala Gómez trasladó, personalmente, la supuesta droga -que al momento de ser incautada dio positivo a cocaína- hasta el Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde se realizó el análisis definitivo que identificó el producto como bicarbonato de sodio. Esto permitió más adelante su sobreseimiento definitivo.
La fiscala antidrogas Lorena Ledesma había procesado posteriormente a Walter Galindo, también por posesión de sustancias. Entre los elementos de esta causa estaban las conversaciones interceptadas, las cuales fueron remitidas al fiscal Néstor Coronel, quien desde 2023 está a cargo de la pesquisa relacionada a las actuaciones de Egidia Gómez e Isabel Bracho, que sigue sin avanzar.
Jurado dispuso investigar a magistrados
En otro momento, el órgano extrapoder resolvió en forma unánime iniciar investigaciones preliminares al juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de San Lorenzo, Gustavo Ramón Chilavert, y al juez de Sentencia de San Estanislao, Walter Armando Ramírez Añazco.
En lo que se refiere al caso del magistrado Gustavo Chilavert, el ministro de la CSJ Manuel Ramírez Cándia, expuso que fue la propia Sala Civil de la máxima autoridad judicial la que remitió los antecedentes al JEM. Las irregularidades denunciadas tratan sobre intervenciones, reiteradas, del juez en un juicio de reivindicación, pese a haberse inhibido. Para Ramírez cumple con los presupuestos de gravedad, notoriedad e interés social.
Sobre el caso del juez de Sentencia Walter Ramírez, también el ministro Ramírez Cándia, expuso que con base en una publicación periodística del diario ABC Color el Jurado tomó conocimiento del caso el 26 de junio pasado y, tras cumplirse el plazo establecido por la Ley N° 6814, se pasó a analizar el caso.
La actuación del magistrado consistió en dictar el arresto domiciliario de un procesado por robo agravado, producción de documentos no auténticos, transgresión de la Ley N° 4036 y asociación criminal, “cuatro hechos punibles de extrema gravedad”, según Ramírez.
En este caso, “la gravedad surge de la simple lectura de los hechos punibles. En cuanto a la notoriedad, surge no solamente de la publicación en un diario de gran circulación sino por la publicidad en San Estanislao, además existe una afectación del interés social”, por lo que cumple con los presupuestos para iniciar una investigación preliminar, según consideró el Colegiado.
