El intendente de Lambaré, Guido González, es nuevamente blanco de cuestionamientos tras denuncias que apuntan a la supuesta creación de una oficina paralela denominada “Patrimonio Urbano”, utilizada como mecanismo para politizar la entrega de tierras fiscales en el distrito.
De acuerdo con los denunciantes, González habría dejado de lado a la Dirección de Catastro Municipal, que es la dependencia legalmente responsable de la gestión de tierras, para centralizar en la nueva oficina todo el proceso de adjudicación. En la práctica, sería el propio intendente quien decide a quién entregar los lotes fiscales, dejando sin efecto los controles técnicos y administrativos habituales.
Según los reportes, en el transcurso de sus gestiones, González ya habría repartido la mayoría de los terrenos disponibles exclusivamente a correligionarios colorados, marginando a familias que realmente necesitan acceder a un techo propio.
Incluso, se denuncian casos de adjudicaciones irregulares, en los que ciudadanos presentan solicitudes formales, pero los lotes terminan asignados a nombre de otras personas vinculadas políticamente al jefe comunal.
“La decisión está totalmente politizada y es imposible que quienes no responden al intendente o al Partido Colorado accedan a este derecho”, manifestó uno de los denunciantes. La situación genera malestar en la comunidad, ya que las tierras fiscales, por ley, deberían destinarse a familias en situación de vulnerabilidad y no ser utilizadas como herramienta de clientelismo político.
Organizaciones barriales y vecinos señalan que esta práctica podría derivar en futuros litigios legales y pérdida de patrimonio municipal. Reclaman que los órganos de control, como la Contraloría General de la República y la Fiscalía, investiguen el manejo de las tierras para determinar responsabilidades y evitar que la administración municipal continúe utilizando recursos públicos como moneda de intercambio político.
