El acusado Enrique Javier Lovera, a través de su abogada Giselle Gutiérrez, recusó al juez Humberto Otazú y al fiscal Silvio Corbeta, logrando así suspender la prosecución de la audiencia preliminar para la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR), y otras personas acusadas por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
La audiencia debía continuar esta mañana con el planteamiento de más incidentes; sin embargo, ante el recurso presentado, se deberá aguardar a que la Cámara de Apelación confirme o no al juez, y que el Ministerio Público decida si aparta o no al fiscal Corbeta.
La causa guarda relación con un supuesto esquema montado en la Municipalidad de Quyquyhó para desviar dinero público, principalmente durante la administración del actual diputado Esteban Samaniego, quien también fue imputado. Sin embargo, debido a su fuero como parlamentario, la investigación quedó paralizada.