Un inquilinato del barrio La Victoria se convirtió en un punto recurrente de comercialización de drogas. Pese a los numerosos allanamientos realizados durante los últimos dos años, la presunta actividad ilícita continúa. La Fiscalía ahora pone la lupa sobre el propietario del inmueble.
La lucha contra el microtráfico en Lambaré vuelve a dejar una preocupante interrogante: ¿cómo es posible que un mismo inmueble sea allanado al menos diez veces en dos años y siga siendo utilizado para la comercialización de drogas?
Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), bajo la coordinación del fiscal Arnaldo Venialgo, realizaron un nuevo allanamiento en un inquilinato ubicado en el barrio La Victoria, señalado por los investigadores como un punto recurrente de distribución de sustancias estupefacientes.
Durante el operativo fueron detenidos Damián Varela Cuenca (36), identificado como presunto responsable del punto de venta, y Bruno Espínola (30), de nacionalidad argentina, señalado como supuesto colaborador.
Los intervinientes incautaron 17 dosis de crack y 144 gramos de cocaína, cantidad que, según las estimaciones de los investigadores, permitiría preparar aproximadamente 400 dosis para su comercialización.
EL MICROTRÁFICO SE APROVECHARÍA DE PERSONAS VULNERABLES
Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación es la presunta utilización de personas con consumos problemáticos de drogas para sostener el negocio.
De acuerdo con los datos recabados, el principal sospechoso habría aprovechado la situación de vulnerabilidad de estas personas, utilizándolas también para realizar entregas de estupefacientes en distintos sectores del barrio.
Esta modalidad habría permitido mantener activa la distribución de drogas, pese a las reiteradas intervenciones de las autoridades.
DIEZ ALLANAMIENTOS EN DOS AÑOS: ¿QUIÉN PERMITE QUE EL NEGOCIO CONTINÚE?
El historial del inmueble es particularmente llamativo. Según los investigadores, la propiedad ya fue intervenida al menos diez veces durante los últimos dos años, sin que los procedimientos hayan logrado impedir su presunta reutilización como punto de venta.
Aunque los ocupantes habrían cambiado, el lugar continuaría vinculado a actividades de microtráfico.
Ante esta situación, la Fiscalía amplía la mirada hacia el propietario del inquilinato, con el objetivo de determinar si tenía conocimiento de las presuntas actividades ilícitas y si existe alguna responsabilidad que pueda serle atribuida.
La reiteración de los allanamientos también plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas aplicadas para evitar que un mismo inmueble vuelva a utilizarse con fines delictivos.
En Lambaré, el desafío ya no parece limitarse a detener a los presuntos vendedores, sino a desarticular definitivamente los puntos de distribución que sobreviven a cada intervención.
Mientras tanto, el caso del barrio La Victoria vuelve a encender las alarmas sobre la persistencia del microtráfico y sus consecuencias para la seguridad de los vecinos.
