El juez de delitos económicos Humberto Otazú otorgó libertad ambulatoria a la jueza de paz suspendida, Nathalia Garcete, imputada por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
La magistrada, enjuiciada por el JEM por supuesto mal desempeño en funciones, deberá cumplir con ciertas medidas como la prohibición de salir del país. También se aceptó una fianza de G. 200 millones.
En la imputación, la Fiscalía atribuye a la jueza Nathalia Garcete Aquino haber dictado al menos 97 resoluciones judiciales violatorias de la ley, teniendo ellos pleno conocimiento de las notificaciones no habrían sido practicadas, con lo que se habría violado el derecho a la defensa en juicio de los demandados y las formas previstas en la normativa procesal para practicar las notificaciones; todo ello sería con fines de beneficiar a la parte actora de los distintos juicios, con los que igualmente habría perpetrado el delito de prevaricato.
