La Fiscalía allanó este miércoles la sede de la Cooperativa Multiactiva de Lambaré Ltda., en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la venta de una cartera de créditos valuada en más de G. 61.000 millones.
El procedimiento se realizó tras una denuncia penal presentada por tres miembros del Consejo de Administración: Carla Wormsbecker, Miguel Ángel Cayetano Gaete Barrios y Delfina Zárate de Figueredo.
La denuncia menciona la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso. Los denunciantes solicitaron que sean investigados el presidente del Consejo de Administración, Néstor Moragas Ferreira; el gerente general, Eduardo Valenzuela, y los consejeros Heriberto Gamarra, Milcíades Benítez y Gladys Gulino.
Según la presentación realizada ante el Ministerio Público, la cooperativa transfirió a la firma Compañía Administradora de Riesgos S.A. (CARSA) una cartera compuesta por más de 8.000 pagarés activos, cuyo valor nominal ascendía a G. 61.084.219.580.
Sin embargo, la operación habría sido concretada por G. 4.227.249.591, equivalente a aproximadamente el 7% del valor total de los créditos. Para los denunciantes, esta diferencia habría provocado un supuesto perjuicio patrimonial de G. 56.856.969.989 a la entidad.
Los miembros del Consejo que promovieron la denuncia también cuestionan la necesidad comercial de transferir la cartera a una empresa externa. Señalan que la Cooperativa Lambaré posee el 80% de las acciones de CEO S.A., una firma dedicada a la gestión y recuperación de créditos.
De acuerdo con la denuncia, esta empresa habría contado con los recursos necesarios para realizar las cobranzas, sin necesidad de vender los pagarés a un tercero por un monto considerablemente inferior a su valor nominal.
Asimismo, los denunciantes sostienen que la operación habría tenido como objetivo generar liquidez inmediata y reducir artificialmente los índices de morosidad ante una eventual fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop).
La presentación también menciona supuestas diferencias entre los balances financieros informados por la entidad y la situación real de los activos transferidos. Estos cuestionamientos habrían derivado en la suspensión de la última Asamblea Ordinaria de la cooperativa.
El allanamiento busca reunir documentos y otros elementos que permitan determinar cómo fue aprobada la operación, quiénes participaron y si existió un daño patrimonial contra la Cooperativa Lambaré.
Hasta el momento, los hechos denunciados se encuentran bajo investigación del Ministerio Público y las responsabilidades deberán ser determinadas dentro del proceso correspondiente.
