Una jueza federal en Miami, Kathleen Williams, ha ordenado el cierre inmediato del controvertido centro de detención migratoria «Alligator Alcatraz», ubicado en los Everglades de Florida.
La decisión responde a graves daños ambientales causados por la instalación, construida durante la administración de Donald Trump.
El centro debe desmantelarse en 60 días, sin admitir nuevos detenidos, para proteger el ecosistema único de humedales y especies en peligro, violando leyes de conservación prometidas por décadas.
La orden judicial, de 82 páginas, amplía una medida temporal que ya había detenido expansiones. Williams argumentó que la construcción apresurada en una antigua pista aérea ignoró compromisos históricos de protección ambiental, respaldados por gobernadores, senadores y presidentes estadounidenses.
Actualmente, alberga a unas 700 personas, aunque llegó a 1.400 en carpas temporales. Testigos reportaron condiciones precarias: hacinamiento, fallos eléctricos, plagas y problemas sanitarios.
La coalición de ambientalistas y la tribu nativa Miccosukee celebran el fallo como un «triunfo histórico». Eve Samples, de Friends of the Everglades, destacó que envía un mensaje claro sobre el respeto a las leyes ambientales, incluso por altos funcionarios.
El centro fue defendido por Trump como modelo para detener a «personas violentas», pese a que muchos detenidos carecían de antecedentes criminales.
En los años 60, un proyecto similar de aeropuerto fue rechazado por impactos ecológicos, lo que Williams citó para reforzar su decisión. Cientos de migrantes ya fueron trasladados a otras instalaciones, anticipando el cierre.
El fallo podría enfrentar apelaciones del estado de Florida y agencias federales como ICE y DHS, que no comentaron inmediatamente. Mientras, el gobernador Ron DeSantis anuncia un nuevo centro en Gainesville, intensificando el debate sobre migración y medio ambiente en EE.UU.
