El exintendente de Lambaré, Guido González, intenta instalar encuestas que lo presentan con una amplia ventaja electoral frente a sus adversarios. Sin embargo, los números difundidos contrastan con la realidad de una ciudad deteriorada, endeudada y marcada por numerosos cuestionamientos a su administración.
Durante su gestión, Lambaré continuó padeciendo calles destruidas, deficiencias en la recolección de residuos, falta de iluminación, zonas inundables y obras que, pese a las millonarias inversiones anunciadas, no resistieron el paso del tiempo.
Uno de los episodios más graves fue la muerte de dos personas arrastradas por un raudal. Familiares y ciudadanos cuestionaron que la tragedia pudo haberse evitado mediante obras adecuadas, mantenimiento de la infraestructura y una política municipal verdaderamente preventiva.
A esto se suman las denuncias por supuestas irregularidades en el manejo de los recursos municipales. Varias de ellas permanecen sin avances significativos en el Ministerio Público, alimentando la percepción ciudadana de impunidad y falta de transparencia.
Una investigación periodística reveló además que la Municipalidad de Lambaré tendría cerca de 1.000 personas vinculadas a su estructura de funcionarios, aunque solamente unas 265 figurarían como funcionarios formales.
El dato abre serios interrogantes sobre los mecanismos de contratación, el manejo de la millonaria planilla salarial y la posible incorporación de operadores políticos sin la suficiente transparencia administrativa.
Mientras los vecinos reclamaban calles transitables, limpieza, iluminación y servicios básicos, la administración municipal habría mantenido una estructura de personal completamente desproporcionada. La prioridad, según los cuestionamientos, habría sido sostener una maquinaria política financiada con dinero de los contribuyentes.
Otro punto que genera dudas es la adjudicación de obras por más de G. 23.000 millones a una sola empresa. Pese al volumen de recursos comprometidos, muchos ciudadanos sostienen que los trabajos no son visibles o que tuvieron que ser reparados y “parchados” poco tiempo después de su ejecución.
Esto representaría nuevos gastos y nuevas facturaciones para una Municipalidad que ya enfrenta graves problemas financieros.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también solicitó la apertura de un sumario relacionado con una de las empresas beneficiadas durante la administración de González, aumentando las dudas sobre los procedimientos, la calidad de las obras y la utilización de los recursos públicos.
A este escenario se suma una deuda municipal que rondaría los USD 15 millones. González intentó deslindarse argumentando que no correspondía a su administración pagar compromisos asumidos anteriormente.
Sin embargo, las obligaciones pertenecen a la institución y no desaparecen con el cambio de un intendente. Quien asume la conducción de una Municipalidad debe ordenar las finanzas, garantizar su funcionamiento y evitar que las deudas terminen perjudicando a los contribuyentes.
González también responsabilizó en varias ocasiones a los propios vecinos por la suciedad de la ciudad, alegando una falta de colaboración ciudadana. Esta postura fue interpretada como un intento de trasladar responsabilidades y evitar reconocer las falencias municipales en materia de recolección, fiscalización y educación ambiental
El balance de su administración continúa rodeado de cuestionamientos: obras millonarias que no se perciben, trabajos que tuvieron que ser reparados, una estructura de funcionarios que debe ser aclarada, deudas acumuladas, tragedias que pudieron prevenirse y denuncias que permanecen sin respuestas.
Ahora, el exintendente pretende presentar encuestas que lo muestran como un candidato ampliamente ganador. Pero ninguna cifra difundida puede ocultar las calles destruidas, las obras deficientes, el endeudamiento y el abandono que los lambareños enfrentan diariamente.
Antes de solicitar nuevamente la confianza de la ciudadanía, Guido González debe explicar qué ocurrió con los millones destinados a obras, quiénes integran la estructura de casi 1.000 funcionarios, por qué solamente unos 265 serían formales y cómo pretende presentarse como una alternativa de futuro cuando su administración forma parte de los problemas que Lambaré todavía necesita superar.
