El juez Humberto Otazú fijó para los días 28, 29 y 30 de mayo, y el 2 de junio, la audiencia preliminar para el intendente de CDE, Miguel Prieto, y otros procesados por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada contra el jefe comunal por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia.
En la audiencia, el juzgado analizará si eleva o no la causa a juicio oral y público. En este proceso, la investigación señala que los procesados formaron parte de un esquema encabezado por Prieto para desviar recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando perjuicio patrimonial al municipio esteño. El perjuicio ocasionado sería de G. 306.188.500, pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
«Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la Intendencia Municipal de Ciudad del Este, un grupo permanente de funcionarios organizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su calidad de ordenador de gastos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como principal administrador de la comuna», alega el Ministerio Público.
El grupo en cuestión, según la hipótesis, estaba compuesto por varios funcionarios que ocupaban «cargos de confianza» designados por el propio intendente en puestos clave, decisorios y directivos, que le permitían promover, convocar y manipular las adjudicaciones a su antojo, y pagar las licitaciones a las empresas de su entorno.
