Debido a que la Cámara de Apelación aún no confirmó en la causa al juez de garantías Rodrigo Estigarribia, se suspendió la audiencia preliminar de seis abogados que habrían participado en el esquema de la mafia de los pagarés. En la preliminar se debe estudiar si los acusados afrontarán o no juicio oral y público.
Los abogados que estaban citados para esta mañana son Lourdes Aranda, Ángel Cino, José Fuster, Gabriel Ojeda, Leticia Núñez y Gabriela Vespa. Los letrados fueron acusados por la Fiscalía en la misma causa de la jueza de paz suspendida, Analía Cibils, acusada por presuntamente dictar 185 resoluciones irregularidades.
La acusación fiscal refiere que, en el caso en particular, los procesados se valieron del sistema judicial a los fines de entablar juicios y hacerlos avanzar, sin que los deudores demandados tuvieran conocimiento de dichas demandas, pues no recibían ni las notificaciones que debían ser practicadas por los ujieres ni las intimaciones de pago y embargo que debían diligenciar los oficiales de justicia.
La Fiscalía sostiene que el propósito era proceder al descuento compulsivo de sus salarios, mediante los embargos ejecutivos dispuestos por la jueza, quien, a su vez, tenía conocimiento de todo ello y se encontraba motivada por el cobro de sumas de dinero que los ujieres notificadores debían entregarle los días viernes, que los mismos percibían de las empresas para consignar informes falsos de notificación.
En este contexto, los abogados, representantes de las empresas de cobranzas, sorteaban los expedientes en el sistema Judisoft en bloques; luego presentaban en físico sus escritos y estos eran sellados con el cargo, pudiendo notarse que todos eran de la misma fecha y hora. La jueza dictaba providencia y disponía la notificación al deudor para comparecer a reconocer firma, refrendada por el actuario judicial; y los ujieres notificadores se limitaban a firmar las cédulas de notificación que les eran proveídas por las empresas, así como los informes de notificación.
Se menciona que llegaban incluso por la cantidad de informes falsos que hacían y la costumbre de manejar en bloque los expedientes en cantidad, del mismo abogado y empresa, a consignar una misma fecha y hora u horas cercanas para direcciones ubicadas de manera lejana e incluso en ciudades distantes.
Todo el expediente civil era tramitado con una apariencia de legalidad, cuando en la realidad los actos de notificación, intimación de pago y embargos eran desarrollados de manera simulada. Con ello, todos los intervinientes en los expedientes judiciales realizaban sus actuaciones de manera simulada y con el conocimiento de que las cédulas de notificación e intimaciones de pago y embargos no habían sido realizadas.
